La desaparición y matanza de
estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, es un crimen cometido en un país
donde la tortura, las desapariciones y muertes, desafortunadamente se han
convertido en hechos cotidianos; la desaparición forzada de cuarenta y tres
estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ha cumplido un año sin
recibir justicia alguna.
Miles de personas tomaron
las calles de la Ciudad de México este sábado 26 de Septiembre para manifestar
su inconformidad y exigir justicia. La marcha estuvo liderada por los
familiares de los jóvenes desaparecidos y tuvo inicio en Los Pinos hasta el
zócalo de la capital. Después de este suceso, informaron que los cinco miembros
del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI)
expondrán un análisis después de seis meses de investigación, tras haber
entrevistado a detenidos, supervivientes, familiares, funcionarios y haber
examinado el informe sobre este hecho, ocurrido el año pasado.
Todos conocemos la versión
oficial de lo ocurrido, que los 43 estudiantes fueron detenidos por policías de
Iguala y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes
supuestamente los asesinaron e incineraron sus restos en un basurero del
municipio de Cocula, misma que los padres rechazan y continúan demandando la
presentación con vida de sus hijos.
Las víctimas son jóvenes
estudiantes que en el contexto de privaciones y pobreza de sus propias
familias, luchaban por la defensa de la educación pública en medio de las
difíciles condiciones de las Escuelas Normales Rurales; estos crímenes han sido
cometidos, según todas las evidencias, por elementos de la fuerza pública en
coordinación con organizaciones criminales que operan en el estado de Guerrero.
Es responsabilidad del
gobierno federal la presentación con vida de los estudiantes secuestrados, y el
castigo penal de los responsables materiales e intelectuales de los delitos
cometidos, es su responsabilidad encontrarlos y decir la verdad. Es nuestro
deber impedir que se repitan las mentiras e impunidad del gobierno, sus
funcionarios y cómplices en delitos tan graves como este.
Escrito por: Itzel Hernández
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